Hace apenas 100 años, las tasas de mortalidad infantil de Washington, DC eran el doble que las tasas de mortalidad infantil actuales del África subsahariana. A finales del XIX, las enfermedades transmitidas por el agua (como la diarrea, la disentería y

la fiebre tifoidea) eran responsables de 1 de cada 10 de las muertes infantiles que se producían en Estados Unidos.

En Gran Bretaña, la gente se fue enriqueciendo mediante la revolución industrial, pero su salud no mejoró. Mientras la población pobre iniciaba el éxodo del campo a las ciudades éstas  se convertían en cloacas al aire libre, y las epidemias de fiebre tifoidea y cólera azotaban regularmente ciudades como Nueva Orleáns y Nueva York.

En el caluroso verano de 1858, el Parlamento del Reino Unido se vio obligado a cerrar sus puertas debido al “Gran Hedor”, causado por el drenaje de las cloacas en el Támesis. Para la población rica, suponía una molestia. Para la población pobre, que obtenía el agua para beber del río, suponía la muerte.

A finales del XIX, los gobiernos reconocieron que las enfermedades asociadas al agua y al saneamiento no se podían confinar a los más pobres  y que había que adoptar medidas por el interés público. En el Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares, se realizaron grandes inversiones en alcantarillado y en la purificación de las fuentes de suministro de agua con un enorme éxito. Ningún otro período en la historia de Estados Unidos presenció una reducción tan rápida en la tasa de mortalidad. Estos datos los aporta el Informe sobre Desarrollo Humano 2006  sobre “Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”.

Esta crisis de agua y saneamiento requiere con urgencia un Plan de Acción Mundial para que se reconozca el acceso a 20 litros de agua limpia al día como un derecho humano cuya carencia provoca cerca de dos millones de muertes infantiles por diarrea cada año.

Recordemos que 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua, y 2.600 millones no disponen de letrinas.

En muchos de los países empobrecidos del Sur, el agua sucia es una amenaza mayor para la seguridad humana que los conflictos violentos. Más de 443 millones de días escolares se pierden a causa de enfermedades relacionadas con el agua; y casi un 50 por ciento de la población total de esos países padece algún problema de salud debido a la falta de agua y saneamiento.

A este costo humano de la crisis del agua y el saneamiento se debe sumar un retraso en el crecimiento económico del África subsahariana, que sufre una pérdida anual de un cinco por ciento en su PIB, cifra muy superior a todas las ayudas que reciben.

El Informe indica que, a diferencia de las guerras y los desastres naturales que mueven a acciones solidarias internacionales, en este caso sucede como con el hambre, que es una emergencia silenciosa que experimenta la población pobre y que toleran aquéllos que disponen de los recursos, la tecnología y el poder político necesarios para resolverla.

Los gobiernos nacionales deben definir estrategias y planes creíbles para abordar la crisis del agua y el saneamiento. Pero también es necesario desarrollar un Plan de Acción Mundial –en el que participen activamente los países del Grupo de los Ocho– para dirigir los esfuerzos internacionales mediante la colocación del problema de agua y saneamiento como una prioridad absoluta.

Podemos adoptar medidas coordinadas para proporcionar agua limpia y saneamiento a la población pobre del mundo o condenar a millones de personas a vivir en una situación evitable de insalubridad, pobreza y disminución de oportunidades y perpetuar profundas desigualdades en el interior de los países y entre unos países y otros.

El Informe sobre Desarrollo Humano de 2006 recomienda la adopción de tres medidas básicas:

1. Hacer del agua un derecho humano con medidas concretas. Mientras que un habitante de EE UU o de Gran Bretaña gasta 50 litros diarios de agua tan sólo tirando de la cisterna, muchos pobres sobreviven con menos de cinco litros de agua contaminada al día.

2. Elaborar estrategias nacionales para el agua y el saneamiento. Los gobiernos deberían invertir un mínimo del uno por ciento del PIB en agua y saneamiento. El gasto público representa normalmente menos del 0,5 por ciento del PIB. Los estudios realizados muestran que esta cifra queda eclipsada por los gastos militares: en Etiopía, el presupuesto militar es 10 veces superior al presupuesto para agua y saneamiento: en Pakistán, 47 veces superior.

3. Aumento de la asistencia internacional: El Informe propugna una inversión  de unos 4.000 millones de dólares que representa menos de los gastos militares realizados en 5 días y menos de la mitad de lo que gastan los países desarrollados al año en agua mineral”.

Esta inversión hasta sería rentable, pues se traduciría en un ahorro de tiempo, un aumento de la productividad y una reducción de los costos sanitarios, que descenderían a 8 dólares por cada dólar invertido en el logro de la meta de agua y saneamiento. Sin olvidar que los próximos conflictos armados que amenazan la existencia del planeta tendrán lugar por el control del agua más que por el del gas y el del petróleo que encontrarán sustitutos alternativos. En esta lucha nos va la supervivencia.